Nos dirigimos a vosotros como representantes sindicales de CGT en el Comité de Empresa de los CO y CADP de la AMAS (Agencia madrileña de Atención Social) perteneciente a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, antes Servicio Regional de Bienestar Social. Estos centros públicos están dedicados a la atención y cuidado de personas con discapacidad intelectual, una población muy dependiente, donde los recortes presupuestarios y sociales han sido abrumadores y, por sus características, especialmente lesivos.
La Comunidad de Madrid no considera las necesidades, que van en aumento con la edad y las expectativas de vida, de un colectivo muy vulnerable. Y además, los responsables políticos quieren reducir las prestaciones aún más con sus políticas de austeridad, amparándose en lo que ellos llaman «CRISIS».
Para que las necesidades de nuestros usuarios puedan estar completamente cubiertas, no podemos buscar una rentabilidad económica sino social. Nuestro sector es prioritario, como la misma empresa reconoce, siendo un servicio de interés general, no comercial. Y estas necesidades, las que son comunes a todos los seres humanos, deben llevarse a cabo a través de sistemas públicos para que todas las personas tengan acceso a derechos esenciales y a la protección social, máxime en situaciones, como es el caso, de mayor vulnerabilidad.
Desde CGT somos conscientes de que para hacer realidad lo expuesto más arriba, debemos luchar para revertir y frenar el deterioro progresivo en los centros de la AMAS. En el caso de los trabajadores, la pérdida continuada de derechos laborales va, incluso, mucho más allá de la última e infame REFORMA LABORAL.
En nuestros centros, además de los recortes a nivel estatal, se están cometiendo irregularidades de manera constante con total impunidad. Denunciadas ante Inspección y Juzgado.
A la plantilla mermada por innumerables puestos de trabajo amortizados, se une la falta de cobertura a tiempo (y muchas veces, nunca) de las vacantes ocasionadas por diferentes causas, como bajas por enfermedad de todo tipo, liberaciones sindicales, jubilaciones, excedencias, comisiones de servicios, etc. Abusando de las necesidades del servicio (a menudo sin motivar), que se están convirtiendo en una medida estructural. El trabajador es un títere en manos de las direcciones de los centros.
A esto se une que la política de esta Agencia deja mucho que desear en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente, como el uso masivo de contratos por circunstancias de la producción para puestos de trabajo necesarios de forma indefinida, la falta de acatamiento de sentencias en su contra, y sobre todo el incumplimiento del convenio vigente en infinidad de ocasiones.
Nuestra Administración Pública es jerárquica y directiva. Esta jerarquía se compone cada vez más de puestos designados a dedo, y no según marca el convenio, lo que ayuda a crear una red de clientelismo cada vez más consolidada. El entramado de directivos y «jefecillos» de los distintos departamentos hace lo posible para no contrariar a los que ordenan los recortes en todo lo público. Los directivos solo siguen las directrices de sus acólitos y viceversa. Esta estructura no permite que lo público se construya desde abajo, como defendemos, que es lo que asegura la eficacia del servicio. Lo público manejado como privado no es garantía de nada.
La falta de transparencia en su gestión es clamorosa en todos los terrenos: negociación con los sindicatos del régimen del 78, presupuestos de cada centro y sus distintas partidas, relación de contratas externas y su coste económico, relación de puestos de trabajo (desglosada por centros, categorías y turnos), gestión de las bolsas de trabajo, designaciones de puestos funcionales de forma irregular, etc. Todo lo importante lo negocian a nuestras espaldas en «sus» Mesas Paritarias y Técnicas y en reuniones con los cargos políticos, sin contar para nada con nosotros, dejando al Comité de Empresa como un mero escaparate vacío de contenido en cuanto a la lucha por los derechos del empleo público, digno y de calidad.
Aparte de lo sangrante que es la precariedad laboral en la AMAS, queremos hacer especial mención a la situación desastrosa en la que se encuentra el mantenimiento de las herramientas de trabajo y de la maquinaría en “Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar” nuestros centros, así como, una vez más, la falta de transparencia en la relación contractual con empresas externas contratadas para ello. Motivo por el cual el gerente de la AMAS tuvo que comparecer y dar explicaciones en la Asamblea de Madrid.
Sería interminable plasmar la lista de agravios a los trabajadores y a los usuarios en una simple nota de prensa. Para profundizar en cualquier información, no duden en contactarnos.
Por todo lo expuesto, ante nuestra dificultad de trabajar por unos servicios públicos dignos, en unión con los sindicatos que nos acompañan en nuestro Comité de Empresa (CCOO, UGT Y CSIF acaban de firmar un acuerdo a nivel estatal que destruye empleo: menos de un 30% de los puestos que se han perdido desde 2012), y para acabar con esta situación, nos vemos en la necesidad de convocar esta concentración.
Para que las necesidades de nuestros usuarios puedan estar completamente cubiertas, no podemos buscar una rentabilidad económica sino social. Nuestro sector es prioritario, como la misma empresa reconoce, siendo un servicio de interés general, no comercial. Y estas necesidades, las que son comunes a todos los seres humanos, deben llevarse a cabo a través de sistemas públicos para que todas las personas tengan acceso a derechos esenciales y a la protección social, máxime en situaciones, como es el caso, de mayor vulnerabilidad.
Desde CGT somos conscientes de que para hacer realidad lo expuesto más arriba, debemos luchar para revertir y frenar el deterioro progresivo en los centros de la AMAS. En el caso de los trabajadores, la pérdida continuada de derechos laborales va, incluso, mucho más allá de la última e infame REFORMA LABORAL.
En nuestros centros, además de los recortes a nivel estatal, se están cometiendo irregularidades de manera constante con total impunidad. Denunciadas ante Inspección y Juzgado.
A la plantilla mermada por innumerables puestos de trabajo amortizados, se une la falta de cobertura a tiempo (y muchas veces, nunca) de las vacantes ocasionadas por diferentes causas, como bajas por enfermedad de todo tipo, liberaciones sindicales, jubilaciones, excedencias, comisiones de servicios, etc. Abusando de las necesidades del servicio (a menudo sin motivar), que se están convirtiendo en una medida estructural. El trabajador es un títere en manos de las direcciones de los centros.
A esto se une que la política de esta Agencia deja mucho que desear en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente, como el uso masivo de contratos por circunstancias de la producción para puestos de trabajo necesarios de forma indefinida, la falta de acatamiento de sentencias en su contra, y sobre todo el incumplimiento del convenio vigente en infinidad de ocasiones.
Nuestra Administración Pública es jerárquica y directiva. Esta jerarquía se compone cada vez más de puestos designados a dedo, y no según marca el convenio, lo que ayuda a crear una red de clientelismo cada vez más consolidada. El entramado de directivos y «jefecillos» de los distintos departamentos hace lo posible para no contrariar a los que ordenan los recortes en todo lo público. Los directivos solo siguen las directrices de sus acólitos y viceversa. Esta estructura no permite que lo público se construya desde abajo, como defendemos, que es lo que asegura la eficacia del servicio. Lo público manejado como privado no es garantía de nada.
La falta de transparencia en su gestión es clamorosa en todos los terrenos: negociación con los sindicatos del régimen del 78, presupuestos de cada centro y sus distintas partidas, relación de contratas externas y su coste económico, relación de puestos de trabajo (desglosada por centros, categorías y turnos), gestión de las bolsas de trabajo, designaciones de puestos funcionales de forma irregular, etc. Todo lo importante lo negocian a nuestras espaldas en «sus» Mesas Paritarias y Técnicas y en reuniones con los cargos políticos, sin contar para nada con nosotros, dejando al Comité de Empresa como un mero escaparate vacío de contenido en cuanto a la lucha por los derechos del empleo público, digno y de calidad.
Aparte de lo sangrante que es la precariedad laboral en la AMAS, queremos hacer especial mención a la situación desastrosa en la que se encuentra el mantenimiento de las herramientas de trabajo y de la maquinaría en “Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar” nuestros centros, así como, una vez más, la falta de transparencia en la relación contractual con empresas externas contratadas para ello. Motivo por el cual el gerente de la AMAS tuvo que comparecer y dar explicaciones en la Asamblea de Madrid.
Sería interminable plasmar la lista de agravios a los trabajadores y a los usuarios en una simple nota de prensa. Para profundizar en cualquier información, no duden en contactarnos.
Por todo lo expuesto, ante nuestra dificultad de trabajar por unos servicios públicos dignos, en unión con los sindicatos que nos acompañan en nuestro Comité de Empresa (CCOO, UGT Y CSIF acaban de firmar un acuerdo a nivel estatal que destruye empleo: menos de un 30% de los puestos que se han perdido desde 2012), y para acabar con esta situación, nos vemos en la necesidad de convocar esta concentración.
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