Lideró en otoño de 2011 la apertura de una investigación judicial para analizar las prejubilaciones e indemnizaciones que el consejo de administración de Caja Segovia asignó a los directivos que comenzaban a abandonar la entidad tras la integración de esta en Bankia. Dos años después, Unión Progreso y Democracia (UPyD) sigue decidida a continuar dando la batalla para que se aclare de qué forma se acordó destinar a esos exdirectivos unos 34 millones de euros, según sus estimaciones, y para que se depuren responsabilidades. «Por nosotros no va a quedar. Las acciones que hemos iniciado son esenciales para regenerar el país y para que este sea solvente. Lo debería estar haciendo el Estado o la propia Junta de Castilla y León», han apuntado este lunes miembros del consejo de dirección de la formación a nivel nacional.
La denuncia que formularon a raíz de lo sucedido en Caja Segovia, creen en UPyD, que «es un modelo de lo que se debería estar haciendo en todo el país», ya que, sostienen, el «expolio» de las cajas que se integraron en diferentes bancos «se ha producido de manera generalizada en toda España». En el caso de Caja Segovia, según Luciana Miguel, portavoz de la formación en Segovia e integrante ahora también del consejo de dirección nacional, esta ha quedado «quebrada» y la viabilidad de la fundación que gestionará el enorme patrimonio que ha legado (más de 3.000 obras de arte y numerosos inmuebles) «está seriamente comprometida por la hipoteca del Torreón de Lozoya» como consecuencia de la operación inmobiliaria Navicoas.
Por todo ello, UPyD defiende que las investigaciones deben proseguir hasta llegar al fondo del asunto. Propone, en primer lugar, que se revise si algunos miembros del equipo de dirección de la Caja, entre ellos su secretario general, Antonio Tapias, «compatibilizaron simultáneamente durante todo un año el cobro de su nómina pagada por la Caja y los derechos derivados de la póliza de prejubilación suscrita con la compañía de seguros, pues las dotaciones para prejubilación se concluyeron el 31 de diciembre de 2010 y la prejubilación efectiva tuvo lugar, en el caso de Tapias, un año después, sin que haya constancia de que la nómina de ese periodo se dedujera de la póliza de prejubilación, lo que constituye un claro fraude». La formación, que trasladará estas conclusiones a la Fiscalía, asevera que los afectados por esta cuestión «están obligados a dar una explicación».
De igual manera mantiene que Bankia o la Fundación Caja Segovia «deben iniciar acciones para exigir responsabilidades civiles a los exdirectivos y exconsejeros de la Caja para que reparen el daño económico causado a la misma». Sospechan, sin embargo, los responsables de UPyD que los dirigentes de estas entidades o los propios administradores públicos «comparten intereses» con los exdirectivos o las personas, en este caso, que han sido citadas a declarar en calidad de imputados en el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia en el curso de las investigaciones por las prejubilaciones, o las que están imputadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la misma ciudad por un presunto delito societario como consecuencia de la concertación del préstamo con garantía hipotecaria (el Torreón es esa garantía) para abonar la deuda tributaria contraída por Navicoas Asturias.
La formación 'magenta' pone el ejemplo del alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes. «A pesar de su enemistad declarada, Arahuetes es, entre otros, quien ha hecho millonaria a Juan Antonio Folgado,concejal del PP en el Ayuntamiento, que procuró mantener en secreto el procedimiento y la realidad de las cantidades que se le concedieron afirmando que se ha limitado a ejercer un derecho que le correspondía; especificando que no tenía un contrato de alta dirección, información con la que no está de acuerdo ni la Caja ni el Banco de España; e incluso adoptando una actitud victimista e insultante respecto a los trabajadores de Caja Segovia afectados por el ERE, pues recordó que él no está incluido en los 60 0 70 casos de prejubilación por ERE que han cobrado el despido convenido y disfrutan de importantes beneficios fiscales».
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