Tres sentencias condenan a la Consejería de Educación por «cesión ilegal de trabajadores» tras utilizar a empresas de servicio para la contratación
Al menos son ya tres las sentencias de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenan a la Consejería de Educación a contratar como personal laboral indefinido a tres monitores de Educación Especial que denunciaron la precariedad de su situación laboral. En los tres casos, estos trabajadores prestan servicios en centros educativos públicos de Andalucía. Pero la Junta recurrió a una empresa de servicios para su contratación, eludiendo así el cumplimiento de las condiciones que impone el VI Convenio del personal laboral al servicio de la administración de la Junta de Andalucía.
Pese algunas sentencias previas desestimatorias, la sala de lo Social del TSJA, con sede en Málaga, parece haber definido su doctrina y ha dictaminado en al menos tres ocasiones que la Junta estaría beneficiándose de forma irregular de una «cesión ilegal de trabajadores», pues ha quedado demostrado que estos monitores prestan servicios directos a la administración y no a las empresas a través de las cuales fueron contratados.
Las últimas dos sentencias las dio a conocer la pasada semana el sindicato CCOO, quien ha pedido a la Consejería de Educación que no recurra las resoluciones judiciales favorables a los trabajadores para no alargar más la situación de precariedad laboral que afecta a unos 850 monitores de Educación Especial en Andalucía, todos ellos contratados a través de empresas de empleo temporal.
El sindicato subraya además que, según recoge la sentencia, la externalización de estos contratos no sólo supone una «cesión ilegal de trabajadores» como han dictaminado los jueces, sino que también se está cometiendo un fraude al Servicio de Empleo Estatal, ya que los contratos se realizan por diez meses, obligando a los trabajadores a darse de alta en el paro y cobrar las prestaciones por desempleo durante las vacaciones de verano. «De esa cesión ilegal se deriva, además, un perjuicio evidente para el Servicio Público de Empleo Estatal, que viene obligado a abonar a la demandante prestaciones por desempleo durante los meses de julio y agosto, razón por la cual se le remitirá testimonio de la presente resolución una vez alcance firmeza», añade el fallo.
Con anterioridad a estos dos últimos fallos, el pasado mes de diciembre se dio a conocer ya una primera sentencia con parecidos argumentos. Según publicó entonces el periódico Málaga Hoy, en aquella ocasión se trataba de una trabajadora de un colegio de Fuengirola, un centro que contaba con dos monitoras de Educación Especial, con idénticas funciones, aunque una de ellas era personal laboral de la Junta de Andalucía mientras que la segunda -la que interpuso la demanda- estaba contratada por una empresa de servicios por la mitad del sueldo a que tenía derecho, según ahora se le reconoce.
Muchos de los 850 monitores que prestan servicios a través de empresas intermediarias llevan ya hasta un década trabajando en estas condiciones para la administración autonómica.
La situación creada guarda muchos paralelismos con la que sufrieron los monitores administrativos que también prestan servicio en los colegios e institutos públicos. En aquel entonces, la Justicia dio la razón a los monitores que realizan tareas de administración y dan apoyo también a los profesores en las aulas, tanto durante las clases como en las salidas fuera del centro y en los traslados de los alumnos, entre otras tareas.
Al igual que ha ocurrido ahora con los monitores de Educación Especial, tras años de protesta por su precaria situación laboral, varias sentencias determinaron que la contratación de los monitores administrativos a través de intermediarios incurría en «cesión ilegal» de trabajadores. Después de un rosario de vicisitudes, la Junta acabó asumiendo el fallo para todo el colectivo, permitiendo su incorporación a la plantilla de personal laboral de la Consejería de Educación.
Las otras 'kellys'
La subcontratación se ha convertido en una herramienta habitual de la Junta de Andalucía para abaratar los costes de personal. La portavoz de Podemos en el Parlamento, Teresa Rodríguez, definió al colectivo que trabaja para la administración a través de subcontratas como «las 'kellys' de la Junta», en paralelismo con las trabajadoras de hoteles que prestan servicio a través de empresas intermediarias en condiciones laborales muy precarias.
Antes de que la Justicia pusiera el foco en la situación de los monitores de Educación Especial ya se pronunció sobre los 'monitores administrativos', que fueron incorporados a la Consejería de Educación como personal laboral tras dictaminar la Justicia otro caso de «cesión ilegal de trabajadores».
Y en la misma situación que los anteriores se encuentran también los intérpretes del lenguaje de signos que trabajan en los centros educativos.
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