SENTENCIA DE INTERES SOBRE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Os informamos de esta interesante sentencia sobre las empresas públicas y los despidos sean estos colectivos o individuales. En ella encontramos cosas muy interesantes como que estas empresas están fuera de la lógica del mercado, fuera de la lógica de la empresa privada y por lo tanto lejos de si una empresa de esta naturaleza tiene que tener beneficios o no, puesto que aunque no los tenga, no es motivo suficiente para que se le aplique lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre la causas del despido.

Amparándonos en esta “filosofía” del tribunal catalán no surge la duda en cuanto a la quiebra o concurso de acreedores  de este tipo de empresas al estar fuera del ámbito de pérdidas y ganancias de la empresa privada,  ya que se trata de servicios públicos y por lo tanto esenciales para la sociedad. Desde CGT-EMS entendemos que estas empresas no pude tampoco ampararse en este tipo de opciones que sí reconoce en al ámbito privado.

Esta sentencia impulsa aun más el artículo de nuestro convenio sobre “estabilidad en el empleo” donde está encastrado lo del despido improcedente y le valor que tiene de protección de TODOS los trabajadores (sean nuevos o no) sin distinción ya que no solo es válida para asegurar un futuro y una estabilidad a todos nosotros sino también para garantizar que con el dinero público no se juega en aventuras disfrazadas de despidos improcedentes cuando un trabajador no sea del agrado de la dirección de la empresa o este reclame lo que por derecho le corresponde (eso es lo que se pretende desde la arbitrariedad más absoluta).

Queremos resaltar también la perdida por parte de la clase obrera de la batalla del lenguaje puesto que aceptamos como bueno que un tribunal declare improcedente un despido cuando la realidad  lo que  significa es  que lo que   se ha cometido contra estos es un despido ilegal y un acto injusto. Con esto lo que se quiere esconder es que a pesar de que la justicia reconoce esta acción ilegal premia al infractor dándole la posibilidad de despedir igualmente al trabajador pero con más dinero. Por suerte y hasta la fecha, la opción de seguir trabajando o cobrar la indemnización, la tenemos en nuestras manos los trabajadores de la EMS.

CGT-EMS

Los jueces tumban los primeros despidos hechos por la Generalitat para ahorrar

EL PAIS

La justicia ha tumbado ocho despidos en empresas de la Generalitat. Cuatro sentencias dictadas en los últimos meses (una de ellas agrupa a cuatro trabajadores) han declarado improcedentes un despido en el Servicio Meteorológico, tres en el Instituto Cartográfico y cuatro en Forestal Catalana. Las sentencias, de juzgados de lo Social de Barcelona, obligan a las empresas a readmitirles o a pagarles 45 días por año trabajado, más del doble de los 20 que les pagaron.

En todos los casos se trata de laborales fijos y que fueron despedidos entre abril y julio de este año, en el marco de las primeras medidas de austeridad que emprendió el actual Gobierno catalán. En todos los casos, las empresas justificaron los despidos por causas económicas y productivas. Y también en todos los casos, para declararlos improcedentes, los jueces argumentan que las empresas públicas no se rigen por la lógica del mercado, por lo que no pueden despedir apoyándose en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, que justifican los despidos colectivos o individuales si las empresas tienen pérdidas o una disminución persistente del nivel de ingresos.

Además de estas sentencias, que excepto una (firme) pueden ser recurridas, hay pendientes otros 14 casos de Forestal y 22 del Incasol, que despidió a laborales en abril. Los departamentos afectados, Agricultura y Territorio y Sostenibilidad, no respondieron ayer si recurrirán.

Aunque se trata de empresas distintas, el contexto de los despidos es el mismo: la instrucción de enero de 2011 de la Secretaría de Función Pública y de la Intervención General que instaba a “las entidades del sector público” a reducir antes del 30 de junio “el gasto de personal en un 6% y en un 5% la de efectivos de personal”. En el Instituto Cartográfico, por ejemplo, la instrucción se cumplió a rajatabla: en abril fueron despedidos 8 de sus 240 empleados y se comunicó a cuatro temporales que no serían renovados: 12, el 5% justo. En Forestal Catalana, en julio se prescindió de 22 de 326 laborales.

El abogado Jaume Garcia, del Col.lectiu Ronda, ha representado a los cuatro empleados de Forestal y a una a de las del Cartográfico. De las sentencias destaca que los jueces, los titulares de los números 20 y 9 de lo social de Barcelona, argumentan que los artículos 51 y 52 “no son aplicables a empresas públicas porque están pensados para empresas privadas”. “Los magistrados dicen que las empresas públicas no se rigen por la lógica de beneficios o pérdidas, ni por los precios de mercado, por lo que la situación deficitaria de la Generalitat no es un argumento para despedir”, subraya Garcia, que también recuerda que los jueces aluden al hecho de que los respectivos comités de empresa ofrecieron alternativas a la reducción de plantillas como rebajas salariales, reducciones horarias o prejubilaciones.

“Son sentencias importantes porque hay muchas empresas públicas que están intentando despedir empleados con el argumento de las razones económicas”, concluye el abogado. Garcia recuerda que incluso hay sentencias del Contencioso Administrativo que dan la razón al Inem y “ven que antes de despedir habría que aplicar reducciones de salario o jornada”. El presidente del comité de empresa del Instituto Cartográfico, Diego Duran (CATAC), entiende que “la empresa se precipitó, aprovecharon una instrucción que no les obligaba a despedir, otras empresas no lo han hecho, y además no escucharon nuestras alternativas”. Su homólogo en Forestal Catalana, Jaume Grau (CC OO), celebra que el juez tenga en cuenta que no se escucharon las medidas alternativas que proponían los trabajadores y revela que “le saldrán más caros los despidos que el importe que pretendía ahorrar: 300.000 euros y llevan gastados 325.000 en indemnizaciones, sin contar los abogados”.