Los ciudadanos pagarán más por el
agua
28
de octubre de 2011.- En
el pleno celebrado el 30 de noviembre el equipo de gobierno del Partido Popular
llevó los convenios para privatizar el Canal de Isabel II. Dichos convenios
proponen la cesión a 50 años a una empresa privada de la gestión del agua.
Así para el alcantarillado,
esta nueva empresa, ofrece 2 millones y medio de euros en pago único para hacerse
con este servicio. En la actualidad el servicio de alcantarillado deja en las
arcas municipales más de 150 mil euros anuales. Las cuentas son claras, 2
millones en 50 años hacen 48 mil euros al año, mucho menos que los 150 mil
euros que se reciben ahora.
Por otro lado, señalar, que
el Canal de Isabel II es una empresa pública que no tiene pérdidas, si no todo
lo contrario, en el 2009 obtuvo unos beneficios entorno a los 100 millones de
euros, y esa tónica se ha venido manteniendo en los años sucesivos.
Resulta llamativo que en
países como Italia, que hizo un referéndum para su privatización y se votó en
contra, y Francia que lo han nacionalizado, las aguas vuelvan a lo público y en
Madrid, Esperanza Aguirre, lo quiera privatizar. ¿Cuál es la explicación?
Sencillamente la oportunidad de negocio (en el accionariado está prevista la
incorporación de las grandes empresas constructoras de este País), porque es
evidente que no existen razones obvias. Estudiemos sus tres argumentos:
Primero, se escudan en que las inversiones son necesarias y costosas, pero la
Confederación Hidrográfica del Tajo, según sus estudios, ha dicho que no es
necesario acometerlas todas de golpe y algunas son innecesarias. Segundo,
porque se trata de financiar con la entrada de capital privado una empresa
pública que da beneficios. Tercero, si el canal necesitara de financiación el
Canal de Isabel II no tendría dificultades para obtenerla de la banca privada,
evidentemente a costes más bajos, como se ha hecho en otras ocasiones.
Por todo ello es evidente
que la privatización no se justifica desde
ningún punto de vista
económico, técnico o social.
Además, con la privatización de la gestión del
agua madrileña se vulnera el derecho humano a un bien universal: el derecho a
la vida, al agua sana, potable y de calidad. “Si se privatiza, los recursos
hídricos de Tres Cantos quedarán sometidos a la ley del coste más bajo para la
obtención de máximos beneficios, lo que supondrá una peor calidad del agua
tricantina y el agua de consumo embotellada, que los mercados consideran el oro
verde, será un gran negocio del siglo, casi tanto o más rentable que el
petróleo”, afirmó Federico Mas, portavoz de Izquierda Unida.
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