A veinte días de la sentencia pendiente sobre el plan especial de las 1000 viviendas el gobierno y FCC se adelantan y piden que la justicia anule el plan que presentaron conjuntamente en el año 2008
Tres Cantos, 2 de septiembre de 2011.- El gobierno del PP, en pleno extraordinario, propuso y aprobó en solitario la presentación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid un escrito de allanamiento requiriendo la nulidad del Plan Especial de las 1000 viviendas.
Este plan especial fue aprobado por el gobierno del PP en octubre de 2008 con el voto en contra de toda la oposición (PSOE, IU y APTC), y la desaprobación generalizada y demostrada, en aquel momento y desde entonces, de los propios adjudicatarios bien a través del intento de dialogo con el gobierno y en último término desde la vía judicial. Finalmente ha sido el Tribunal Supremo quien ha paralizado las obras de las viviendas ante la inexistencia del informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Esta situación unida a una sentencia pendiente sobre las 1000 viviendas que según información del gobierno se fallará el 22 de septiembre próximo, donde la parte demandada es el ayuntamiento, ha llevado al gobierno a adelantarse a esta sentencia y pedir junto a FCC la nulidad del plan especial de las 1000 viviendas. Llama la atención que no se espere a la propia sentencia que saldrá en unos días y se ponga de antemano en funcionamiento esta petición de nulidad, lo que demuestra que son conscientes que el plan estaba mal y que se pretende amortiguar una sentencia, que en caso de ser desfavorable podría ser todavía más lesiva que la propia nulidad del plan especial, entre otras cosas para que no pueda influir en el Plan Parcial tal y como se recoge en el propio escrito de solicitud del allanamiento.
“Esta decisión se ha tomado con agosticidad por parte del gobierno para que pasara desapercibida, de hecho la convocatoria del pleno extraordinario no se colgó en la web del ayuntamiento; y la información con la hemos contado la oposición ha sido mínima ante una propuesta tan importante y complicada que judicialmente es utilizada en escasas ocasiones” afirma Lydia Martínez portavoz del grupo socialista.
“Además resulta incomprensible los pasos de esta decisión: 1º. Se toma en base a un informe jurídico externo. 2º. La nulidad del plan especial sobrelleva otro nuevo del que no se da información. 3º. Se firma un acuerdo entre el ayuntamiento y FCC (la empresa autora técnica del plan especial) donde se recoge que esta sociedad se suma a la petición de allanamiento, pero que no renuncia a las acciones que le puedan corresponder para ir contra el ayuntamiento por la actuación administrativa de éste. 4º. No exista ningún informe por parte de los técnicos del ayuntamiento ni jurídico ni urbanístico que avale la propuesta. Todo ello es una situación que nosotros como parte de la corporación no vamos a asumir”.
“El interés general de los adjudicatarios pasaba por haber buscado desde un principio una solución compartida entre las partes en conflicto como siempre se le pidió al gobierno del PP, ahora las viviendas estarían a punto de ser entregadas, y no tener que esperar a que un juez haga reconocer al gobierno que este proyecto estaba mal desde un comienzo” finaliza Lydia Martínez.
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