El anteproyecto de ley de la Administración local obliga a las autonomías a hacerse cargo de los servicios sociales del Ayuntamiento en un año, y de los educativos en cinco
BRUNO GARCÍA GALLO. 15/02/2013 20:23
El anteproyecto de ley de racionalización de la Administración local que está elaborando el Gobierno (Partido Popular) supondría, de aprobarse definitivamente tal y como ha pasado esta mañana por el Consejo de Ministro, una reducción brutal de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento de la capital (PP) y el resto de municipios de la región, que pasarían a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid (PP). Este cambio afectaría a los centros de salud municipales, las escuelas infantiles y la mayoría de servicios sociales. El Ejecutivo regional podría mantener en manos de los Ayuntamientos estas competencias, pero sólo si este aceptan, y pagando en cualquier caso su coste íntegro. Esto último supone un golpe financiero importante para la Comunidad, que deberá integrar (o eliminar) esos servicios en el plazo de un año. El gasto social actual del Ayuntamiento de Madrid asciende en 2013 a 450 millones de euros; más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio; 137.000 cuentan con teleasistencia.
El anteproyecto de ley prevé además la eliminación de todas las empresas municipales que no se sostengan financieramente por sí mismas. No afectará al número de asesores ni al de concejales, aunque en este último caso sí obligará a que 12 de los 57 que hay ahora pierdan su sueldo y dedicación exclusiva, pasando a cobrar dietas por asistencia a plenos y otras labores. Por último, el anteproyecto de ley restringe a funcionarios de carrera los puestos de mando del Ayuntamiento.
Servicios municipales obligatorios. En materia de urbanismo, el anteproyecto considera una competencia propia la protección del patrimonio, la rehabilitación de viviendas y la promoción y gestión de pisos de protección “con criterios de sostenibilidad financiera”. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, paralizó en otoño la construcción de vivienda pública, alegando que iba a dejar de ser competencia municipal. Ahora deberá acudir a fórmulas alternativas (acuerdos con bancos para alquilar su bolsa de pisos; cesión de suelo público a cooperativas) para salvaguardar este derecho.
En materia de medio ambiente, debe asegurar la conservación de parques públicos; la recogida y gestión de residuos; la lucha contra la contaminación y el ruido; y el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuradoras. Este último apartado está cedido al Canal de Isabel II mediante convenios que deberán ser revisados.
En cuanto a Movilidad, el Ayuntamiento debe gestionar y mantener las calles y plazas, regular el tráfico y el estacionamiento, y administrar el transporte público. Esta última función ha sido delegada en el Consorcio Regional de Transportes mediante acuerdos que también deberán ser revisados.
Mantiene las competencias de promoción turística, ferias y mercados; salud pública y cementerios; instalaciones deportivas y de tiempo libre; promoción cultural y bibliotecas; policía local y bomberos.
Qué servicios dejan de ser municipales. Aquellos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales, aunque con excepciones.
El pasado mes de junio, se cerró la primera fase del proceso de transferencias abierto en 2011. Se acordó que la Comunidad traspasara al Ayuntamiento sus 17 centros de mayores; un centro cultural; dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles. Se quedaría a cambio tres residencias de mayores, siete centros de drogodependientes, dos centros de atención a discapacitados, siete bibliometros, y el teléfono de urgencias 112. La clave de este traspaso es que una sola Administración gestione todos los servicios similares, y que el intercambio sea de suma cero, es decir, que nadie gane o pierda dinero. Este primer acuerdo afectaba a 300 trabajadores y 41,1 millones de euros de presupuesto.
En una segunda fase, a partir de este año, se repartirían centros de día para mayores; ayuda a domicilio; bibliotecas; asistencia sanitaria; servicios de emergencia; instalaciones deportivas; escuelas infantiles; vivienda y empleo. La Asamblea dictaminó que son competencia regional la atención social especializada, la asistencia sanitaria y el transporte de enfermos, la prevención de drogodependencias, el teléfono de emergencias, los centros de educación, las políticas activas de empleo y la vivienda.
El anteproyecto aprobado hoy cambia en parte estas reglas de juego. El Ayuntamiento preveía mantener su servicio de emergencias (Samur), que incluso ampliaría su asistencia a domicilios además de la vía pública; el Summa regional se haría cargo del resto de municipios. Dado que, según el nuevo texto, los servicios de emergencia no son competencia municipal, el Samur habría de traspasarse a la Comunidad. Esto podría evitarse si, como defiende el Ayuntamiento, el Samur no se considera estrictamente un servicio médico sino de protección civil.
Menos dudas caben sobre la parte de Madrid Salud que no entró en el primer acuerdo, que pasaría también a la Comunidad. La red incluye 16 centros, que ofrecen control ginecológico y de planificación familiar, talleres de memoria para mayores, métodos de prevención del estrés o para dejar de fumar, etcétera. En total, suman más de un millar de empleados. El Ayuntamiento podría ceder también sus 17 centros de mayores.
En materia educativa, la Comunidad se quedará con los 56 centros infantiles municipales (sólo dos son de gestión directa, con 40 funcionarios), que se integrarían a su red (tiene 63, de los que 31 son de gestión directa, con 700 funcionarios). Podría delegar en el Ayuntamiento su gestión, pero la financiación correría de su cuenta. Deja de ser competencia municipal el mantenimiento y vigilancia de los centros escolares, que deberá asumir la Comunidad sin poder solicitar para ello más dinero al Estado. El Ayuntamiento sólo deberá “participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar en la obtención de los solares para nuevos centros docentes”.
Respecto a los servicios sociales, pasa a ser competencia municipal sólo “la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. La Comunidad deberá asumir “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. Las labores actuales del Ayuntamiento, como la ayuda a domicilio, pasarán en el plazo de un año a ser depender de la Comunidad (que, como máximo, podría delegar, pero abonando de sus presupuestos esos servicios).
Además de la prestación de servicios sociales y el mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles, el Gobierno regional podría delegar la gestión de centros culturales y deportivos, la promoción turística y la autorización, inspección y sanción de espectáculos públicos. Para ello, debería transferir el dinero correspondiente al Ayuntamiento; en caso de no hacerlo, el Estado se lo detraería de las transferencias presupuestarias.
Las transferencias de competencias no incluirán la propiedad de los inmuebles (por ejemplo, los centros de Madrid Salud) ni la deuda pesara sobre ellos por la gestión anterior.
Otros servicios, sólo si son rentables. El Ayuntamiento sólo podrá ejercer otras competencias o actividades económicas con permiso de la Comunidad y el Estado y si garantiza que serán rentables, es decir, que no restarán fondos a sus funciones fundamentales. Para sufragar estos, deberá además establecer “con carácter general” tasas (como hace ya con la recogida de la basura) o precios públicos (como hace en polideportivos o talleres culturales).
Además, siempre que quiera ejercer una función impropia, deberá tener en cuenta que su actuación no dañe a las empresas privadas que se dedican ya a ello. En el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, el Ayuntamiento deberá justificar o dejar de prestar los servicios impropios.
A partir de la entrada en vigor de la ley, el Ayuntamiento no podrá crear nuevas empresas, sociedades, organismos, consorcios o fundaciones al menos hasta 2022, ni realizar aportaciones patrimoniales o ampliaciones de capital en las ya existentes. Las que se encuentren en números rojos deberán aprobar un plan de ajuste este año, y equilibrar sus cuentas el que viene. En caso contrario, quedarían disueltas automáticamente en agosto de 2015. Esta disposición no afecta ni a la EMT (que gestiona los autobuses urbanos) ni a Madrid Espacios y Congresos (que administra grandes pabellones como el Madrid Arena o la Caja Mágica).
Que facil es llevar a una empresa publica a la quiebra... metes a tres personas a 40000 euros anuales cada una, haces servicios y obras por las que no se cobra y ni tan siquiera se factura para que los trabajadores podamos demostrar que se debe ese dinero. Si se lleva a una empresa a la quiebra de manera premeditada tienen todos los consejeros responsabilidad penal y patrimonial a no ser que el PP tambien haya cambiado esto...que tal y como esta la cosas no me extrañaría viendo como se reparten sobres a diestro y siniestro.
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